Desde este boletín digital y desde el pasado mes de septiembre, FENEBUS ha insistido en la necesidad de que la Administración revise, con carácter extraordinario y no a cuenta, las tarifas de los servicios regulares, que en diciembre de 2011 ya arrojaban un déficit tarifario del 10,03%. Este incremento resulta de la suma del 8,43% adicional al 1,8% y al 2,2% de julio de 2011, más un 1,6% que supone el aumento de la fiscalidad del precio del carburante desde el 1 de enero de 2012.
Este incremento de tarifas resulta imprescindible para garantizar en el corto y medio plazo la provisión de un servicio público de movilidad esencial para la sostenibilidad económica, social y medioambiental, que cada vez exige niveles más altos de calidad por parte de ciudadanos y Administración y que lógicamente supone un incremento de costes para las empresas.
En las reuniones mantenidas con los responsables de la Dirección General de Transporte Terrestre –en el mes de diciembre con el director Manel Villante con motivo del encuentro entre directores generales de Transporte de las Comunidades Autónomas y el Comité Nacional del Transporte Terrestre, y los días 6 y 13 de febrero con el nuevo director general, Joaquín del Moral- FENEBUS volvió a reivindicar la inmediata actualización de las tarifas, por tratarse de un asunto transcendental para las empresas y que no admite demora.
Cuando se nos dice que el procedimiento ha de individualizarse, debemos recordar que en la práctica los incrementos de tarifas en las concesiones dependientes del Ministerio de Fomento, ya se realizan de forma individualizada toda vez que cada concesión tiene su propia estructura de costes a la que se le aplican los incrementos producidos en cada una de las partidas y que en su totalidad son de general y publico conocimiento, como la mano de obra procedente de la negociación colectiva, el precio del carburante, los aumentos de precios del material, los costes financieros, los seguros, los neumáticos y un largo etcétera.
Por todo lo expuesto, desde FEENBUS realizamos un llamamiento a la responsabilidad política de quienes tienen la obligación de intentar mantener unos servicios públicos esenciales para la comunidad, como el transporte de viajeros por carretera. Un sector al que en momentos de crisis como el actual debería por lo menos reconocérsele el coste cero que supone para las arcas públicas y atender sus reivindicaciones más urgentes, entre las cuales la primera es una revisión tarifaria extraordinaria para dar estabilidad y continuidad a los servicios.
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