Rafael Barbadillo, presidente de Asintra, ha desvelado que su federación ha calculado que el Estado va a devolver a los transportistas solamente unos 300 millones de euros por el céntimo sanitario, a pesar de que la recaudación estimada del impuesto alcanza los 13.000 millones de euros.
Así lo ha afirmado durante su intervención en la jornada ‘El céntimo sanitario ¿y ahora qué?’, celebrada ayer 18 de marzo en las instalaciones de Ifema. La convocatoria ha estado organizada por la publicación Autobuses & Autocares en colaboración con Todotransporte y Estaciones de Servicio, todas ellas editadas por Grupo Tecnipublicaciones, junto a Aguayo Abogados, ha contado con la asistencia de casi 200 profesionales del transporte por carretera y la distribución de carburantes.
Barbadillo ha pedido prudencia en relación al céntimo sanitario y ha advertido que “la Administración se va a defender con uñas y dientes para no devolver el dinero”, por lo que “dependiendo de cómo se construya el expediente, va a haber empresas que van a cobrar y empresas que no”.
Asimismo, el presidente de Asintra ha subrayado que, según se ha podido leer en la prensa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “se ha puesto la venda” en referencia a sus últimas declaraciones en las que avisa de posibles sanciones para aquellas reclamaciones que puedan considerarse indebidas. Sin embargo, Barbadillo ha dejado claro que el Gobierno “ha recaudado un dinero que no era suyo”.
Además, en la jornada se puso de manifiesto que el proceso para que los empresarios del transporte por carretera consigan que, finalmente, el Estado les devuelva las cantidades indebidamente cobradas en concepto del denominado céntimo sanitario no va a ser sencillo ni va a tener resultados favorables de manera inminente.
“El tema irá para largo, aunque la sentencia (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) es clara y no impone límites”, explicó José María Elizalde, técnico de Hacienda y miembro de Gestha, que tras realizar un recorrido histórico sobre la naturaleza y el recorrido del impuesto abordó la actual legislación para su aplicación a la hora de proceder a la devolución de los importes. En la misma línea marcada por el ministro de Hacienda la pasada semana en el Senado, Elizalde no ocultó que la devolución del céntimo puede hacer que se incremente el beneficio declarado por cada respectiva empresa y a partir de ahí la Agencia Tributaria revise todos los datos referidos a cada declarante que solicite la devolución.
Por su parte, José Ángel Castillo, magistrado de lo Contencioso Administrativo en excedencia y socio de Aguayo Abogados, criticó duramente la forma en la que se aprobó el impuesto hace 12 años y elevó hasta 15.000 millones la cantidad recaudada por el céntimo sanitario. Castillo reconoció que muchas de las facturas relativas al impuesto no cumplen los requisitos para poder optar con garantías a la devolución, al tiempo que no dudó en afirmar que “la Agencia Tributaria va a intentar devolver lo menos posible”.
A continuación, Carlos Rodríguez, abogado del Estado en excedencia y socio de Aguayo Abogados, se mostró convencido de que es posible reclamar la totalidad del impuesto a través de un proceso de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que abre una puerta más allá de los cuatro años que marca la ley en cuanto a la prescripción de lo pagado indebidamente. Para esta reclamación de responsabilidad patrimonial se abre un plazo de un año desde la promulgación de la sentencia, sobre cuyo contenido destacó de forma especial Rodríguez el que refleje sin ninguna duda que el Estado español actuase de mala fe en todo este asunto.
Por su parte, Ramón Valdivia, director general de Astic, lamentó el bochorno que supone para el Estado español el contenido de la sentencia y anunció el comienzo de un proceso complejo y lento, mientras que José María Quijano, director de Normativa y Relaciones con la UE de la CETM, explicó que Hacienda no ha establecido todavía una herramienta específica en su web para solicitar la devolución y se preguntó qué pasa a partir de ahora puesto que se sigue aplicando un impuesto a los carburantes de forma desigual en las diferentes CCAA tras el “enjuague” efectuado para convertir en legal el anterior céntimo sanitario.
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