El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea una solicitud para que se pronuncie sobre la posibilidad de devolver todo el céntimo sanitario, “pues de hacerse se podría entender que se conculca el derecho comunitario, representando la devolución una ayuda de Estado”.
El ministro, que ha intervenido en el Senado para responder a una pregunta sobre este asunto realizada por el senador Jesús Iglesias, recuerda además que “este impuesto era deducible en sociedades y en renta, por lo que será necesario regularizar al mismo tiempo la minoración de los gastos obligados para el ejercicio de la actividad por parte de los sujetos pasivos reclamantes”.
Es más, Montoro no oculta que la Administración tributaria deberá efectuar las comprobaciones oportunas para la adecuación de los justificantes, las facturas, verificar que hubo ingreso efectivo de las cuotas, evitar devoluciones cruzadas, dobles, entre vendedor y consumidor final y evitar devolver cuotas ya devueltas. En este punto, el ministro advierte de que “la presentación de solicitudes indebidas puede ser constitutiva de infracción tributaria y objeto de sanción, y más si media la utilización de medios fraudulentos”.
En su intervención en la Cámara Alta, Cristóbal Montoro no ha dudado en avanzar que “el proceso de ejecución de la sentencia llevará tiempo” y que el impacto económico de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dependerá de las circunstancias citadas anteriormente.
Sobre el contenido de la sentencia, el ministro ha querido aclarar que cuando se estableció el impuesto, en el año 2002, “se hizo con consulta a la Comisión Europea, y sólo posteriormente la Comisión abrió procedimiento de infracción”.
A continuación, ha recordado que la Comisión no demandó al Gobierno español, “puesto que hubo un acuerdo entre el Gobierno de España y la CE respecto de esta figura tributaria, de manera que también en el ámbito nacional algunos tribunales superiores de justicia habían fallado recursos a favor del criterio de la Administración (La Rioja, Baleares y Castilla y León)”.
Y recuerda cómo fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancia de un recurrente, el que decidió plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea. “Por tanto”, ha detallado Montoro, “estamos ante una sentencia que resuelve una cuestión prejudicial y su extensión a otros contribuyentes tiene que ser tramitada de forma individualizada en atención a la situación de cada reclamación”.
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