La rentabilidad empresarial como modelo de politica de transportes

Que los programas de
transportes de las distintas
Administraciones
públicas tengan por
objetivos el incremento de la
seguridad y de la calidad, la
reducción del impacto medioambiental,
y una política de precios
del transporte lo más ajustada
posible, constituye una realidad
universal, cuya aceptación no es
discutible.
Ahora bien, establecidas estas
prioridades, la realidad es bien distinta,
en tanto que las actuaciones
concretas que se enmarcan dentro
de tales programas, bien dentro de
la planificación de medidas a adoptar,
bien en la gestión cotidiana y
diaria de esta responsabilidad, en
muchos casos no sólo no fomentan
tales objetivos, sino que en nada
los favorecen. Respecto de esta
afirmación, es demasiado común
que, de hecho, estas medidas y
tarea de gestión, no solo tiendan a
un cada vez mayor intervencionismo,
sino que no favorezcan, en
absoluto, la necesaria adecuación
de los costes del transporte a los
precios y tarifas que se perciben
por las empresas.
A mi juicio, el mejor programa
de transportes es aquél que priorizando
tales objetivos, considerando
el transporte de forma global,
tenga en sí mismo una concepción
empresarial del sector, primando
su rentabilidad, puesto
que dentro de un sector liberalizado,
en el que las empresas pueden
competir, si éstas son rentables
es indudable que se incrementarán
los parámetros de seguridad,
calidad y sostenibilidad.
La exigencia de cada vez más
altos niveles de estos elementos,
si no va acompañada de este proyecto
político que prime la rentabilidad
empresarial, solo servirá a
dichos objetivos a medio plazo,
constituyendo en cambio una progresiva
destrucción del sector, en
tanto que de este modo irá perdiendo
capacidad financiera y de
inversión, haciéndose más débil.
Si a todo ello unimos que nos
encontramos ante un enorme
mercado, cual es el del territorio
que constituye la UE, la necesidad
de revalorizar nuestras empresas
de transportes se hace todavía
más patente, por cuanto que en la
medida que pierdan rentabilidad,
disminuirá su capacidad de competir
en este espacio europeo.
De otro lado, ha de tenerse
también en consideración que el
sector del transporte público por
carretera, al igual que el resto de
los sectores, ni puede ni debe contemplarse
aisladamente, sino que
debe de favorecerse el empleo
estable y de calidad y la formación,
lo que unido a que las nuevas
tecnologías, que por su rápida
y continua mejora, obligan a cuantiosas
inversiones que cada vez se
quedan obsoletas en plazos
menores, concluye en la necesidad
de que los poderes públicos
cuiden en todas sus actuaciones
(normativas, concursos, etc.) que
la rentabilidad de los servicios sea
adecuada a los niveles de prestación
que se exigen.
Una política de transportes
meramente ordenancista, o que
entienda como el mayor éxito la
reducción de precios del transporte,
que a su vez exija altos niveles
en la prestación de los servicios,
es incompatible con el mantenimiento
de un sector fortalecido en
todos los ordenes, constituyendo
ello un factor muy negativo para la
economía nacional. Pero también
es desacertado, produciendo
estos mismos negativos efectos,
la exigencia de niveles de prestación
(material móvil, etc.) más elevados
que los estrictamente necesarios,
lo que viene siendo demasiado
extendido y habitual, constituyendo
esta práctica una deseconomía
que ha de incidir, también,
de forma negativa.
Cabe pues concluir esta colaboración
afirmando la imperiosa
necesidad de que exista una
mayor moderación en orden a
estos parámetros en la prestación
de los servicios y exigencias públicas
respecto de su calidad,
debiendo de priorizarse siempre
el fomento de la rentabilidad
empresarial, como el mejor modo
de incrementar la seguridad, calidad
y sostenibilidad del transporte
público por carretera.
Además de todo ello, cabe
resaltar que estos parámetros de
seguridad, calidad y sostenibilidad
no deben establecerse solamente
en relación con las posibilidades
que ofrecen las empresas del sector,
sino que muy acusadamente
dependen de las medidas e inversiones
que se realicen por las
Administraciones públicas, por
cuanto que estos elementos, para
que sean realmente una realidad
de hecho, precisan de las necesarias
infraestructuras que faciliten
la prestación de este modo de
transporte.