El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar un mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicio, en lugar de premiar simplemente la más competitiva, según ha informado la patronal Asintra. Así, la reglamentación permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en los concursos.
La nueva normativa, que ya fue acordada con el Consejo Europeo, facilita que las pequeñas y medianas empresas puedan presentar ofertas e incluirá exigencias más estrictas sobre la subcontratación.
Desde Asintra se asegura que la legislación supone una revisión de las normas de contratación pública en la Unión Europea, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa. Asimismo, se busca garantizar la obtención de una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.
Gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán conceder prioridad a la calidad, al medio ambiente, a los aspectos sociales o a la innovación, pero sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.
Además, el proceso del concurso “para las compañías será más simple, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original”, señalan desde la federación. Esto debe reducir la carga administrativa de las empresas en más de un 80%, según las estimaciones de Bruselas.
Las nuevas normas recién aprobadas deben incentivar también la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas.
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