“El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es contrario al Derecho de la Unión”. O dicho de otra manera: el céntimo sanitario es ilegal. Así lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia que cierra una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que preguntaba al organismo comunitario acerca de la legalidad de la polémica tasa, que en algunas comunidades autónomas comenzó a aplìcarse ya en 2002.
Aunque no es una sorpresa -desde noviembre del pasado año se dio por hecho que el mal denominado “céntimo sanitario” iba a ser declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- el anuncio realizado por esta institución (que considera que esta tasa vulnera la directiva comunitaria sobre impuestos especiales) supone un gran varapalo para España, puesto que la devolución del gravamen cobrado ilegalmente podría ascender, según diversas valoraciones, a 13.000 millones de euros.
Ya en 2008 el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia sobre la no conformidad de un impuesto similar, a pesar de lo cual España, en concreto 13 de las 17 comunidades autónomas -todas excepto Aragón, La Rioja y el País Vasco (las Islas Canarias gozan de un régimen fiscal de insularidad específico)-, siguieron cobrando la tasa, que ha variado entre los 1,2 y 4,8 céntimos de euro por cada litro de carburante en función del momento y de la región.
El Gobierno español, que preveía una sentencia condenatoria, integró a principios de 2013 el “céntimo sanitario” como un nuevo recargo en el impuesto de hidrocarburos. Pero esta treta no exime a las autoridades españolas de hacer frente a las reclamaciones que se presenten, por parte de empresas y particulares, reclamando la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente.
La sentencia mantiene que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat catalana no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de 10 años”. Es decir, España podría tener que devolver los ya citados 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente de los contribuyentes entre 2002 y 2011.
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